Desde el albor del siglo XX, una esperanza ha perdurado: que la ciencia se convierta en una respuesta a problemáticas locales, nacionales o mundiales de una diversidad de actores sociales. Desde la época de la Revolución Industrial, cuya repercusión en la sociedad y la economía resulta innegable, hasta el presente, marcado por un vertiginoso progreso tecnológico y científico, el impulso de la investigación científica y sus desarrollos han sido una constante. Para ello ha sido necesario trabajar en coordinación con la política.

Al adentrarnos en la historia de las relaciones entre ciencia y política podemos concebir el año 1945 como un «antes» y un «después». Tras dos cruentas guerras mundiales, que sumieron a la humanidad en tiempos de tristeza y dificultad, el desarrollo científico emergió como protagonista en la conclusión del último de estos oscuros capítulos. No obstante, de entre las sombras también emergieron destellos de orientación para el avance de la ciencia. Ejemplo de ello es el influyente informe «Ciencia, la frontera sin fin»¹ cuya relevancia resuena aún en la actualidad y puede parecer aún una guía para países en desarrollo.

Vannevar Bush proponía en este informe una visión de la ciencia y la tecnología como una fuerza impulsora para el progreso y el bienestar de la sociedad. Hacía hincapié en la importancia de la investigación científica básica y aplicada para el avance social, y abogaba por la creación de un sistema nacional de apoyo a la investigación científica en Estados Unidos. Ello tuvo un profundo efecto en la percepción de la ciencia y su relación con la sociedad en Estados Unidos; fue esencial para la creación de la National Science Foundation (NSF).

En Latinoamérica no existió un documento similar, pero sí discusiones en torno al avance y desarrollo científico y tecnológico de la región. En 1973, Amílcar Herrera (geógrafo argentino y pionero en el estudio de la actividad científica en la región latinoamericana) hablaba de una desconexión entre lo que denomina una política científica explícita y una política científica implícita.² En su concepción, «explícita» se refiere a las leyes, reglamentos y demás normativas que definan la direccionalidad de la política científica; mientras que «implícita» se refiere a la función real que cumple la ciencia en la sociedad.

De igual manera, de acuerdo con su perspectiva, en la región latinoamericana hacía falta una planificación que apuntara a una reestructuración económica y social, que permitiera determinar el orden de prioridades de los problemas a resolver y transformar estos últimos en objetivos de investigación científica y ponerlos en práctica.

Otros pensadores consideraban que el atraso se debía más bien al desinterés que tenían los ciudadanos de estos países para apreciar la ciencia, así como a que los tomadores de decisiones no generaban las políticas necesarias en materia de financiamiento.

En México, y en general en toda la región latinoamericana, encontramos la suma de muchos de estos factores que ya se mencionaba desde hace más de 50 años.

¿Hay una receta que a todos les funciona y podamos seguir para mejorar el desarrollo científico?

Desde el siglo pasado también ha sido objeto de debate si el fortalecimiento de las capacidades científicas de los países conduce automáticamente al desarrollo económico de la nación³ para entonces enfocarnos en ello. Y es que a pesar de que se reconoce que el subdesarrollo de nuestra región tiene mucho que ver con carencias cuantitativas, también se ha propuesto que las desconexiones entre los diversos actores que conforman dicho sistema, particularmente la comunidad académica y los actores políticos, representan un obstáculo importante que impide establecer una relación efectiva en beneficio de la sociedad a la que se sirve. Entonces, la respuesta es que no hay una receta única. Debemos trabajar en nuestro contexto y comenzar a unir comunidades que han permanecido alejadas.

Por supuesto esta discusión no tiene lugar únicamente en América Latina ni en campos particulares. En general, ocurre en todas las áreas que requieren una relación de la Academia con otros actores, tales como las personas tomadoras de decisiones. Por ejemplo, desde 2012, el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) titulado «21 problemas para el siglo XXI», ya señalaba la falta de coordinación entre la ciencia y la política como un obstáculo primordial para encontrar soluciones a los desafíos globales. De hecho, se refiere a la relación entre la comunidad científica y política como un «puente roto». ¿Cómo reparamos este puente?; ¿tenemos los científicos responsabilidad en ello? Las personas autoras de este artículo creemos que la respuesta es: ¡Por supuesto!; ¡tenemos co-responsabilidad en ello!⁴

El presente texto tiene como objetivo invitar a reflexionar acerca de la función del científico en la sociedad. Para ello, nos permitimos plantear varias preguntas para «sacudir /despertar pensamientos»:

• ¿Es suficiente con publicar nuestros resultados?
• ¿Cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos?
• ¿Podemos contribuir más a la toma de decisiones?
• ¿Es suficiente con quejarnos de nuestros gobernantes?
• ¿Los políticos son ignorantes en ciencia?
• ¿Los científicos somos ignorantes en política?
• ¿Cómo formamos mejor a las nuevas generaciones de científicos?

Recordemos que este puente roto parece existir en casi todas las sociedades. Para ilustrarlo, vamos a comentar una serie de publicaciones en periódicos ingleses que surgieron a partir de un artículo en Nature⁵, donde se discutía la falta de habilidades de actores no científicos (como los políticos) para interpretar y analizar la ciencia y se daban sugerencias al respecto.

En noviembre de 2013, Oliver Millman, reportero de The Guardian escribió un artículo titulado «Las 20 cosas que los políticos necesitan saber acerca de la ciencia».⁶ Acto seguido, en diciembre de ese mismo año, Chris Tyler, un profesor que actualmente trabaja en University College London en el Departamento de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Políticas Públicas (UCL STEaPP) y que en aquel período fungía como Director de la oficina de Ciencia y Tecnología del Parlamento Británico (Parliamentary Office of Science and Technology), escribió otro artículo titulado «20 cosas que los científicos necesitan saber acerca de hacer política».⁷ Finalmente, un día después, Roland Jackson, también de The Guardian, escribió un artículo titulado «12 cosas que tanto políticos como científicos necesitan saber acerca del público».⁸

¿Qué ilustra este debate para el lector? Si bien tiene múltiples aristas, nosotros creemos que podemos coincidir en que todos los actores son necesarios para las discusiones relacionadas con política, e indiscutiblemente tener presente a la sociedad.

Lamentablemente, muchas veces en el trabajo científico, la presencia del componente «sociedad» es sólo enunciativo en la introducción o justificación de nuestro trabajo. Por ello, entre otras razones, no resulta difícil entender que en países como México un alto porcentaje de la población considera peligrosos a los científicos o confían más en la magia o la fe que en la ciencia.^9,10

Es decir, de acuerdo con el resultado de percepción social, la relación de las personas que trabajamos en la ciencia con el público en general ha sido históricamente tenue y muy frágil. Con la pandemia por COVID-19 parece que cambió un poco la percepción sobre la pertinencia de la ciencia y eso podría ser útil para el desarrollo científico. No obstante, para la sociedad, los países de nuestra región siguen siendo espectadores y no creadores de estos avances y tecnologías que se usaron para desarrollar una vacuna contra el SARS-CoV-2.

¿Qué podemos hacer desde la Academia?

John Holdren, quien fuera asesor científico de Barack Obama en Estados Unidos, sugiere incluso que todos en la comunidad científica deberíamos invertir al menos el 10% de nuestro tiempo en contar historias informativas sobre cómo funciona la ciencia y qué está haciendo para apoyar las aspiraciones de la sociedad.¹¹

Por supuesto esto no es sencillo. Llevar los conocimientos a una audiencia no especializada supone un reto para la mayoría de los científicos. Por otro lado, al emplear una terminología técnica de difícil comprensión, la sociedad puede percibir el conocimiento como superfluo e inaccesible, lo cual deja a la comunidad científica en una torre de marfil muy alejada de la realidad social.

Para contribuir a cambiar esta percepción, es importantísimo que desde la Academia también modifiquemos la dinámica en la que nos desenvolvemos y preparamos a las nuevas generaciones. Hoy se sigue formando a un científico del mismo modo en que se hacía el siglo pasado. ¡Pero nuestra sociedad se ha transformado, y mucho! Para empezar, podemos dotarlos de las nuevas herramientas que están surgiendo hoy día y que generaciones anteriores no tuvieron.

Arturo Rosenblueth, Director fundador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav) en México lo resumió en una frase:

«Sólo son buenas aquellas instituciones que preparan discípulos superiores a sus maestros y que lo hacen de forma consciente y generosa».

Esta afirmación puede ser interpretada de diferentes maneras. Por un lado, podría destacar cuán importante es la evolución en las instituciones educativas porque nos orilla a una mejora constante. Consideramos que también puede implicar que un buen centro de investigación o universidad debe fomentar el desarrollo de habilidades y conocimientos en sus estudiantes para que puedan destacarse y contribuir positivamente a la sociedad.

En el Cinvestav hemos comenzado a desarrollar una serie de cursos optativos en Interfaz Ciencia-Política, es decir, las relaciones que tenemos los científicos con otros actores con el fin de mejorar la toma de decisiones.

Estos esfuerzos han sido reconocidos en foros internacionales, sin que necesariamente implique cambios estructurales internos necesarios para reconocer e incorporar nuevos contenidos en el currículo de formación de un científico. No obstante, insistimos en la trascendencia de desarrollar dichos contenidos.

Por otro lado, colegas, si ante ustedes se presenta la oportunidad de incluir nuevos contenidos en sus programas, no se opongan de facto. Si tienen alumnos con interés en otras áreas distintas a las tradicionales, busquemos alentarlos y no detenerlos. A los alumnos se les recomienda que soliciten nuevas alternativas en su currículo, así sean clases de emprendimiento, Pedagogía, Interfaz Ciencia-Política o Asesoramiento Científico. Todo suma, pero se requiere la participación de todos, y por supuesto dejar atrás la apatía que nos caracteriza como comunidad.

¿Por qué es necesario hacer esto?

No se precisa ir muy lejos. Para ilustrar esta necesidad vamos a usar un ejemplo reciente de la historia de la política científica en México.

Aparentemente hace apenas unos años nos percatamos de que debemos involucrarnos de una forma mucho más activa, propositiva y visionaria con respecto a la relación ciencia y política para la sociedad.

En el mes de abril de 2023 se aprobó en ambas Cámaras del Poder Legislativo mexicano una ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnología e innovación que responde a un mandato de la Constitución mexicana para crear una legislación que garantizara el derecho humano a gozar de los beneficios de la ciencia.

La Constitución previno que la ley debía estar lista en 2020, pero con tres años de retraso y marcadas violaciones al procedimiento, se aprobó un documento que no responde al objetivo que motivó dicha ley, y mucho menos responde al cambiante, retador y continuo desarrollo que vive la sociedad mexicana. La pieza legislativa aprobada representa una regresión y un golpe certero al de por si difícil ecosistema científico del país.

¿Qué sucede con la Academia mexicana?

Los miembros de la Academia mexicana, o por lo menos la gran mayoría, cometemos el error de trabajar aislados del grueso de la sociedad, quien, si acaso, es objeto de nuestro estudio. Aun cuando nuestros trabajos contienen justificaciones sociales, la realidad es que no hemos logrado permear a las personas que viven fuera de la esfera académica.

Actualmente hay un clima de incertidumbre en México acerca de las nuevas disposiciones de la normativa en materia de desarrollo científico que no se debe a la queja tradicional de los científicos de que «la ciencia no interesa en la política». En esta ocasión, al parecer se le dio un papel muy relevante en la arena política, a tal grado que fue posible aprobar una norma general con claras diferenciaciones entre sectores que no abonan nada al desarrollo del país y mucho menos nos preparan para abordar situaciones futuras.

Podemos hablar de la marcada necesidad de la administración en turno para establecer un par de dicotomías: científicos de dos clases (los que trabajan en universidades públicas y los que trabajan en instituciones privadas) y alumnos de dos clases (los que estudian en universidades públicas y los que estudian en instituciones privadas). También se establecen criterios para quienes pueden o no ser titulares del Consejo o participar en la Junta de Gobierno, entre otros.

Un intenso debate se ha abierto en la comunidad académica a este respecto, y, hasta ahora, la experiencia demuestra los microerfuerzos macrodesorganizados que podemos llevar a cabo como comunidad.

Resulta decepcionante la reacción de la Academia ante la nueva legislación en materia de humanidades, ciencia, tecnología e innovación: la apatía y la discusión fundadas en opiniones y experiencias, y no en conocimientos, pese a sus notorias excepciones.

Ha prevalecido la negación a la participación, cuestionamientos absurdos por la inclusión de las Humanidades y, lo que es más peligroso, la resistencia y resignación entre colegas para involucrarse activamente en temas prioritarios para la sociedad.

La postura de «no importa lo que hagamos o no hagamos, ya todo está arreglado» es una resolución incongruente con la formación científica.

¿Cómo llegamos a poder explicar a la perfección una vía de transducción de señales, pero no a poder explicar cómo se tomarán las decisiones de política científica en el país?; o ¿cuál es el alcance de mi investigación en el desarrollo del país?

Quienes laboramos o nos beneficiamos de instituciones de educación e investigación pública (ya sea profesores o estudiantes) no debemos olvidar que éstos son organismos del Estado, pagados por los contribuyentes; por lo tanto, es a los contribuyentes a quienes deberíamos rendir cuentas.

He ahí el valor crucial de la divulgación científica que no debe ser unidireccional, sino que también nosotros debemos saber escuchar y trabajar para atender las necesidades de la sociedad. No podemos seguir cayendo en el egocentrismo de creer que nuestra línea de investigación es de mayor importancia que las necesidades actuales de la población general.

Por lo tanto, es válido preguntarnos: ¿debería entonces una persona con formación científica liderar las Secretarías, Ministerios o Consejos relacionados con la ciencia? Evidentemente un doctorado puede confundirnos y hacernos creer que estamos preparados para enfrentar cualquier problema, o dirigir la entidad que delineará la política científica de un país.

No obstante, en la práctica vemos que tener conocimiento técnico o una gran trayectoria en un área particular no es suficiente para afrontar una responsabilidad de esta magnitud. Necesitamos una preparación adicional en Interfaz Ciencia-Política y Asesoramiento Científico, así como de habilidades suaves que no nos imparten en la carrera ni en el trabajo diario de investigación.

Debemos entender que la evidencia científica es un insumo más para la toma de decisiones, pero no el más relevante ni el único. Asimismo, debemos comprender que nuestras preconcepciones no deben formar parte de nuestro trabajo y que las decisiones se tomarán con o sin nosotros en un tiempo establecido. Éstas son sólo algunas de las características que requiere tener presente una persona que dirija una institución, aspire a ser un asesor o, incluso, un tomador de decisiones.

Afortunadamente, poco a poco surgen en el mundo más entidades que trabajan en sistematizar y profesionalizar estos campos. Por un lado, la misión de la Red Internacional de Asesoramiento Científico Gubernamental (INGSA, International Network for Governmental Science Advice) es: «[…] proporcionar un foro para que los formuladores de políticas, los profesionales, las academias y los académicos compartan experiencias, desarrollen capacidades y [...] enfoques teóricos y prácticos para el uso de la evidencia científica para informar las políticas en todos los niveles de gobierno».¹² Por otro, en países desarrollados se ha visto el nacimiento de redes de Science Policy^13,14, así como de instancias gubernamentales encargadas de atender estas relaciones entre la ciencia y la política.

En nuestra región, lamentablemente nos hemos quedado en quejas y en firmar desplegados en periódicos o revistas que pocos tomadores de decisiones verán.

¿Qué necesita pasar para que en verdad comencemos a pensar en hacer algo distinto como gremio? Es una pregunta que nos hacemos en México cada vez que se aprueba alguna normativa relacionada con el trabajo científico y que perjudica su desarrollo.

Parece ser que no importa lo que pase, el grueso de nuestra comunidad prefiere permanecer en su torre de marfil, confiando en que pase la tormenta y no les afecte. No nos damos cuenta de que cada vez habrá menos construcciones a las que una tormenta puede derribar, e inevitablemente todos seremos perjudicados tarde o temprano.

Como científicos, debemos entender cuán fundamental es no retorcer la evidencia científica para justificar nuestras ideas, ni mucho menos intentar convencer a otros de que es preciso seguir el camino que hemos escogido cuando la evidencia muestra que es posible ir en otro sentido.

Con respecto al papel que podemos desempeñar, los científicos en este ecosistema de ciencia y política, encontramos las aportaciones de Roger Pielke Jr., quien en su libro The honest broker¹⁵ apunta a que la función que toma un agente que participa en la Interfaz Ciencia-Política puede ser el de un defensor de un cierto asunto (issue advocate), o bien un intermediario honesto (honest broker). La principal diferencia entre estos dos es que el primero de ellos buscará que se tome una decisión mostrando sólo las opciones compatibles con su visión, mientras que un intermediario honesto mostrará todas las opciones y los alcances de las mismas, sin importar si comulgan o no con su ideología personal.

Pielke Jr. considera una función adicional a la que llamaremos «defensor/promotor encubierto» (su nombre en inglés es un tanto más particular stealth issue advocate) y que desempeña una persona experta, con credenciales que promueve o defiende un tema escudándose en que «así lo dice la ciencia».

Dicha defensa de algún tema la puede realizar desde una posición muy general como científico de una institución o desde un comité asesor, entre otras posiciones. Se estima que esta es la ruta más rápida para politizar de manera negativa a la ciencia, y por supuesto, también es la que da mala reputación a los científicos cuando participan en política. Esta función se puede tomar con toda la intención, o bien por equivocación. No obstante, incluso si lo hace de manera ingenua, es responsabilidad del experto estar informado y entender el contexto político del mundo real. Se anima a las personas lectoras a no ser promotores encubiertos.

En vez de continuar quejándonos, aprendamos nuevas habilidades. Es menester que aprendamos a ser los dueños de nuestro propio destino. Tenemos que involucrarnos en la toma de las decisiones que afectan nuestro trabajo, pero también debemos aprender a disciplinarnos a las decisiones tomadas con base en las necesidades de la sociedad en un momento dado y a las limitaciones presupuestales existentes.

La comunidad científica de México y de otros países de América Latina tienen que aprender a vivir en democracia. En un sistema democrático las decisiones se toman de manera conjunta tras discutir qué sectores deben ser favorecidos. Si no participamos en estas discusiones, no podemos pretender ser un sector prioritario dentro de una sociedad que nos desconoce. Publicaciones científicas en importantes revistas han dado sugerencias acerca de cómo podemos acelerar el progreso científico: «Primero, comprenda cómo funciona la política científica»¹⁶, nos aconsejan.