La falta de disponibilidad de medicamentos en América Latina no es un problema nuevo. Se debe a cambios demográficos, sociales e, incluso, políticos, que han ocurrido en las últimas décadas.

Durante el siglo XX, el panorama de la salud pública en América Latina se transformó considerablemente con la aparición de los sistemas de seguridad social. Los gastos de cuidados de salud, incluidos los medicamentos, tenían que ser cubiertos por los pacientes o por sus familiares. Por lo tanto, estaban reservados para los sectores de la población que podían pagarlos. Pero con los sistemas de seguridad social, los cuidados de salud se volvieron asequibles, e incluso gratuitos en muchos casos.

El derecho universal a la salud fue tomado como bandera por diversos partidos políticos y se llevó a rango constitucional. Con ello, se estableció la obligación de los gobiernos de proveer de servicios sanitarios a todos los habitantes, por lo que se vieron obligados a dedicar una parte sustancial de sus presupuestos a la salud.

Los cambios demográficos también fueron relevantes. A medida que los países progresaban económicamente y que la salud pública mejoraba, la mortalidad disminuyó y la esperanza de vida aumentó significativamente. De esta forma, la población incrementó y pasó de ser predominantemente de niños y jóvenes a ser más balanceada, con un número considerable de adultos mayores.

Ello también propició modificaciones en las incidencias de enfermedades. Antes de la segunda mitad del siglo XX, los padecimientos más prevalentes eran las infecciones debido a la falta de infraestructura sanitaria. Por lo tanto, los antibióticos estaban entre los medicamentos más utilizados. Con el advenimiento de las campañas de vacunación universal y las medidas de salud pública, las infecciones se redujeron importantemente.

Por otro lado, con el envejecimiento de la población, la incidencia de las enfermedades crónico-degenerativas aumentó significativamente. Actualmente, se observan más casos de condiciones clínicas como cáncer, enfermedades reumáticas, psoriasis, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad de Alzheimer, osteoporosis, etc.

Las enfermedades mentales, que antes solían ser ignoradas, son actualmente reconocidas y diagnosticadas. Por supuesto, todos los pacientes aquejados de estas enfermedades deben recibir tratamiento, y los sistemas de seguridad social están obligados a proporcionarlo. Por lo tanto, ha incrementado sustancialmente la presión presupuestal sobre los gobiernos y sobre los sistemas privados de seguridad social.

Mención especial merece el tratamiento del cáncer. Hasta hace unas décadas, la clasificación del cáncer se basaba únicamente en su localización anatómica. Por ejemplo, cáncer de cabeza y cuello, de pulmón, de mama, de ovario, de próstata, etc.

Sin embargo, en la actualidad, gracias a los avances en biología molecular, podemos clasificar los distintos tipos de cáncer según las mutaciones a nivel genético y de acuerdo con otros cambios que se manifiestan en las células tumorales, con respecto a las células sanas. Éste ha sido un logro mayor que ha permitido el desarrollo de tratamientos específicos para cada mutación. Por ejemplo, actualmente sabemos que existe un cáncer de mama llamado HER-2 positivo que se debe a la sobrexpresión de una proteína llamada HER-2. Si damos un tratamiento anti-HER-2, podemos controlar este tipo de cáncer.

Gracias a estos nuevos abordajes terapéuticos, muchos tipos de cáncer ya no representan sentencias de muerte, sino que se han convertido en enfermedades crónicas que pueden ser tratadas y el número de supervivientes es cada vez mayor.

No obstante, los nuevos medicamentos para el cáncer (así como para diversas enfermedades crónico-degenerativas) suelen ser de alto costo. En consecuencia, la mayoría de los pacientes latinoamericanos no los puede pagar y debe recurrir a los sistemas de seguridad social. Al hacerlo, los pacientes están gozando de su derecho constitucional a la salud y a los mejores tratamientos disponibles, lo cual es obligación de los gobiernos proporcionar a la población.

Si se mira la cuestión desde un punto de vista meramente presupuestal, la situación actual aparece como catastrófica. ¡Pero es todo lo contrario! Los nuevos tratamientos funcionan. Las personas viven más tiempo y su calidad de vida mejora. Es decir, no solamente vivimos más, sino que vivimos mejor.

Es crucial cambiar la mentalidad en lo referente al gasto de medicamentos. El objetivo es que los pacientes vivan más y mejor. ¡Y este objetivo se puede cumplir!

Si la meta se convierte en reducir el gasto en medicamentos negando tratamientos a los pacientes, es muy claro que el gobierno está fallando en una de sus funciones fundamentales, que es brindar bienestar a los gobernados.

Tener una población con buena salud es la mejor inversión que se puede hacer. Las personas saludables son más productivas, por lo que generan más riqueza. La riqueza generada supera, con creces, los gastos en salud, por lo que queda un beneficio neto para el gobierno y los gobernados.

La adquisición de medicamentos requiere de una logística sofisticada. Los gobiernos, así como los sistemas de seguridad social privados, deben tener muy claras sus necesidades para lograr las mejores negociaciones. Esto es posible, dado que la información sobre cuáles medicamentos comprar y en qué cantidades puede obtenerse de las prescripciones realizadas en años anteriores y de la consideración de innovaciones terapéuticas recientes. Es cuestión de tener personal calificado para realizar este tipo de evaluaciones, tanto desde el punto de vista económico como médico. Igualmente, se requiere de personal capacitado para llevar a cabo negociaciones exitosas con las compañías farmacéuticas.

De esta forma, tenemos que, si las necesidades de medicamentos en un cierto país están bien documentadas y si se cuenta con un manejo inteligente del presupuesto, se puede asegurar el abasto de medicamentos con una optimización significativa del gasto.

Una opción para lograr un abasto adecuado de medicamentos y optimizar los presupuestos es el uso de genéricos y biosimilares. Ésta es una práctica común en todo el mundo. Sin embargo, en varios países de América Latina existe cierta inquietud sobre este tipo de medicamentos. Ello se debe a que, en el pasado, se han utilizado medicamentos genéricos y biosimilares de calidad dudosa, que han resultado en fracasos terapéuticos.

En ese sentido, los gobiernos de América Latina han fallado en ser trasparentes. Las autoridades sanitarias deben publicar la evidencia que llevó a que cierto medicamento fuera aprobado y comercializado en un determinado país. Sin embargo, a menudo lo único que se publica son los documentos de autorización. Los datos técnicos se mantienen en la más completa opacidad.

Dicha situación es muy desafortunada, pues los genéricos y biosimilares que cumplen con los criterios de calidad, eficacia y seguridad son opciones terapéuticas válidas que representan ahorros considerables para los sistemas de salud. Pero, sin transparencia, no pueden distinguirse de otras opciones de calidad inferior, denominadas copias subestándar, que no cumplen con los criterios internacionalmente aceptados.

Resumamos, ¿por qué hay desabasto de medicamentos en América Latina? La principal causa es que no hay una estrategia de compra basada en información confiable sobre las necesidades reales de medicamentos. Ello resulta de la falta de procesos adecuados y de recursos humanos calificados para implementarlos.

Otra razón de peso es pretender adquirir medicamentos genéricos o biosimilares considerando únicamente el precio, sin darle el debido peso a la evidencia sobre calidad, eficacia y seguridad.

Es necesario señalar que la carencia de funcionarios debidamente capacitados para la programación de pedidos y evaluación de proveedores es el principal motivo por el que el paciente latinoamericano no tiene un abasto suficiente de los medicamentos que requiere. Incluso superando a la corrupción, que es un mal histórico en nuestros países.

¿Qué hacer? Además de campañas anticorrupción, hay que generar procedimientos transparentes de información sobre las necesidades reales de medicamentos. También hay que generar recursos humanos que sean capaces de implementar estos procedimientos con la debida eficiencia y transparencia. Mientras estos procedimientos no queden implementados de manera adecuada, el desabasto de medicamentos seguirá siendo algo recurrente en nuestros países.